La revisión será sobre todo en el control del gasto fiscal, reservas nacionales y gasto social
Desde algunos sectores, se pidió mayor transparencia al Gobierno de Moreno sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El régimen anunció el 20 de febrero un acuerdo con el equipo técnico del organismo que implicaría el acceso a financiamiento por $10.200 millones ($4.200 millones del FMI y $6.000 millones de otros multilaterales).
La Defensoría del Pueblo fue el órgano que tomó la posta a esta demanda, busca que la totalidad del acuerdo y los documentos vinculados sean públicos. No obstante, por considerar que no se han cumplido con los requisitos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y porque la información requerida fue entregada de manera oportuna y completa, una jueza constitucional, el pasado 9 de abril, negó ese pedido de acceso a la información que planteó la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Economía y Finanzas para conocer los contenidos y anexos del acuerdo que alcanzó el gobierno ecuatoriano con el FMI.
Alexandra Almeida, directora Nacional de Derechos del Buen Vivir de la Defensoría del Pueblo, explicó que para la institución y la ciudadanía era importante tener acceso a esta información, pues era necesario saber cuál es el texto final e íntegro de la carta de intención. “Está en juego todo el tema económico y de derechos económicos sociales y culturales de la población", dijo.
Estás reacciones, se intensificaron puesto que el Ejecutivo ha tomado acciones que desde varios sectores sociales han considerado que van en desmedro del bienestar de la mayor parte de los ecuatorianos, entre ellas recortes a los presupuestos de educación y salud. Al igual que una masiva desvinculación de burócratas del sector púbico y la liberación del precio de la gasolina súper.
En estos últimos días, se conoce que la Asamblea ya tiene entre sus pendientes el abordar reformas en el plano laboral y buscar la autonomía del Banco Central del Ecuador (BCE), el bloque de CREO, es una de las bancadas que apunta entre otras, estas reformas. El legislador Fabricio Villamar, al respecto, publicó en su cuenta de Twitter (01-04-2019) y en este enlace se puede encontrar a detalle la propuesta:
#Urgente: Presentado el paquete de reformas a la Constitución.
Los puntos a reformase:
-Reducción de Asambleístas
-Autosustento de PPL
-Eliminación o reforma del CPCCS
-Autonomía del BCE
-Posibilidad de trabajo por horas
-Soluciones arbitrales de controversias en materia comercial
(Fabricio Villamar, Asambleísta de CREO)
A esto se suma que, el pasado 21 de abril, Anna Ivanova, Jefa de Misión en el FMI para Ecuador, en una entrevista para El Comercio, ha señalado que desde este mes corre una revisión a los objetivos planteados en cuanto al acuerdo alcanzado con el Gobierno de Moreno, sobre todo en el control del gasto fiscal, reservas nacionales y gasto social:
Hemos acordado con el Gobierno conversar sobre el programa cada tres meses, para asegurarnos que avance según lo acordado en nuestra misión en febrero. La primera revisión será en mayo. El objetivo para finales de abril es la publicación del plan del Gobierno sobre la reforma al sistema presupuestario, lo llamamos Reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas. Más adelante en el año, habría una reforma legislativa para apoyar este plan. La segunda es la presentación al Gabinete de la reforma del Banco Central, para que sea más autónomo. Eso requerirá algunos cambios legislativos en el Código, que tienen que ser presentados a finales de mayo.
El tercer objetivo es más continuo y es que el Gobierno tiene que comprometerse a ser muy transparente en cuanto a la deuda externa, no solo los números sino también algunos contratos con características especiales. (…) Por ejemplo, los acuerdos de recompra con Goldman Sachs y Credit Suisse [créditos obtenidos con garantías en bonos no reembolsables], de los cuales el Gobierno se comprometió a revelar completamente la información de esa deuda externa que tiene algunas características especiales, que llamamos colaterales pero que no son realmente colaterales. (…) No tiene política monetaria ni cambiaría. Pero las reformas estructurales -por ejemplo, al manejo el sector público, la reforma al BCE, etc.- son cosas que van a ayudar a prevenir lo sucedido en el pasado, como el hecho de que la deuda pública se duplicó en cinco años.
Las Cámaras empresariales no han dejado de hacer su trabajo, exigen una rauda reforma laboral. Patricio Alarcón, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), a través de su cuenta de Twitter (12-04-2019) indicó:
La caída en el sector privado se evidencia con el nivel de afiliaciones, el empleo y la seguridad social requieren reformas estructurales para su sostenibilidad:
- Facilitar contratación
- Sistema de cuentas únicas
- Inversiones en sector productivo
- Algunas medidas para priorizar
(Patricio Alarcón, Presidente de la CCQ y el CEE)
Finalmente, desde las centrales sindicales, la respuesta no se ha hecho esperar, más aún con los feriados del 1 de Mayo y del 3 de Mayo, emitidos de forma inusitada por parte del Ejecutivo, a propósito del Día del Trabajador. La propuesta de generar nuevas formas de contratación, en la que está empeñado el Gobierno, se toparía con obstáculos legales. Joaquín Viteri, abogado laboralista y que también ha asesorado a las centrales sindicales en el tema del nuevo Código del Trabajo, explica que lo que propone el Acuerdo con el FMI es una flexibilización y por consecuente una precarización laboral, lo cual significa disminuir derechos y retornar a un régimen menos proteccionista.
Para el jurista, este tipo de reformas se enfrentan a la imposibilidad legal de ser aplicadas. Esto, porque el artículo 327 de la Constitución prohíbe este tipo de alternativas. Dicho artículo indica literalmente:
Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras.
Fuentes: El Comercio, El Universo, Expreso, Revista Vistazo, Ecuavisa, Cámara de Comercio de Quito, Constitución de la República del Ecuador 2008.
Imagen: Gregori Rasputin