La reducción del subsidio a la gasolina súper, el corte de gasto nominal y la generación de alianzas para la administración de las empresas públicas no son más que el símil de romper el chanchito en momentos de apuro. Si bien el gasto público recurrente disminuye, la fuente de las necesidades y el alcance del gobierno permanecen intactos.
El presidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas económicas para enfrentar la crisis, el pasado martes 21 de agosto de 2018. El ajuste fiscal estima una reducción mayor a 1,000 millones de dólares anuales que equivale al 4% del presupuesto de este año. Sin embargo, la propuesta incluye destinar $1,235 millones a créditos productivos desde la banca pública y eliminar el IVA en el seguro agrícola.
Sin lugar a dudas, el ajuste presupuestario merece reconocimiento y apoyo, puesto que detienen en gran medida el despilfarro de dólares proveniente de los contribuyentes. Pero cualquier persona con conocimientos básicos de matemáticas puede deducir que las medidas no cumplen su principal objetivo: reducir el gasto, en lugar de aumentarlo.
Es posible que a la larga se recupere el dinero de los créditos y quienes accedieron a ellos logren potenciar sus negocios. Y, ¿qué pasará con las condiciones y oportunidades económicas de los demás?
Las medidas económicas de agosto reafirman el rol del gobierno como el facilitador de la redistribución de la riqueza y los programas sociales, como el ente facultado para solucionar nuestros problemas. Las medidas económicas anunciadas por Moreno no otorgan mayores ventajas a los ciudadanos, sino que optimizan el uso de los recursos del gobierno de acuerdo con el marco ideológico de la nueva administración.
El ajuste fiscal es necesario, al igual que el recorte de gasto público, pero no es suficiente. El siguiente paso es generar incentivos para dinamizar la economía desde el sector privado y, desde mi punto de vista, la adopción de medidas en este sentido es de carácter urgente.
La banca privada podría ofrecer incluso mejores alternativas de crédito, por ejemplo, si es que contara con un marco regulatorio menos invasivo y mayor seguridad jurídica. Asimismo, los individuos podrían tener mejores oportunidades productivas si es que se redujeran las barreras de entrada para hacer y operar negocios.
De acuerdo al índice de libertad económica de la fundación Heritage, Ecuador cuenta con 40% de libertad financiera, 55.6% de libertad en los negocios, y 30% de Estado de derecho. Esto nos demuestra que hay mucho por hacer para que el país tenga un entorno económico sano con igualdad de oportunidades y mayor competitividad internacional.
La solución sostenible a largo plazo no es modificar la forma en la que el gobierno utiliza sus recursos para prolongar la dependencia de los ciudadanos en los programas sociales. Al contrario, el ajuste fiscal debe ser recorte fiscal y el gobierno debe modificar las reglas del juego para devolvernos la libertad económica, la independencia financiera y la certidumbre de que si emprendemos en algo –sin contar el riesgo usual que acarrea–, la complejidad del sistema o la falta de oportunidades, inversionistas o compradores no frustre su progreso.