¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?
El discurso en contra del extractivismo de metales en Ecuador ha quedado sólo en eso, en discurso. Según cifras del Banco Central del Ecuador, del 2007 al 2014 la producción de oro en nuestro país casi se ha duplicado, algo similar ocurre con la plata y la exportación de plomo también ha aumentado con el transcurso de los años.
Entonces, la pregunta del millón es: ¿dónde está ese dinero?
Cabe recordar que el dueño del subsuelo y quien otorga los permisos de funcionamiento de cualquier mina es el estado ecuatoriano, argumento desde el cual surgen los motivos por los que me opongo a esta pregunta.
La justificación a esta pregunta menciona el deseo por expandir los derechos de la naturaleza y no de los individuos. Debemos estar claros ,como lo exponen Stephen Holmes y Cass Sunstein, que en la actualidad, los derechos son protegidos por el gobierno, en otras palabras, el gobierno protege distintos derechos en función de su capacidad,tanto institucional como económica. Esto quiere decir que la protección de los derechos estaría relacionada a la capacidad económica de un gobierno. Logicamente, a más derechos establecidos menor protección puede existir. Por este motivo debemos volver a lo básico y procurar no establecer derechos circunstanciales o que otorgan privilegios.
Esta pregunta no representa un avance con respecto a limitar la minería ilegal (que se efectúa sin permiso del estado), la cual se realiza en cantones como Zaruma durante décadas. Los habitantes afirman que casi por 100 años la minería se ha llevado a cabo bajo sus pies y que hoy en día les está afectando más que nunca. Ellos han realizado las respectivas denuncias y procedimientos para que se detengan estos procesos que atentan contra su propiedad privada y sus vidas. Sin embargo, las autoridades han actuado con mucha ligereza y los han dejado prácticamente al abandono. ¿A caso esta pregunta va a cambiar su realidad con soluciones efectivas?
El estado sigue siendo dueño del subsuelo, es decir, que él es quien hace las negociaciones y quien tiene la última palabra de dónde se puede explotar y dónde no. El resultado final es que los ciudadanos, y en particular los habitantes afectados, realmente tienen muy poco poder de decisión en este asunto.
Debido a la estatización de la minería, los recursos explotados le pertenecen al estado y muy poco reciben los habitantes cercanos a los sectores mineros. Por ejemplo, en Zaruma, han recibido muy poco de los recursos totales que se han extraído de sus tierras. Solo ahora, luego de que muchas casas y calles están destruidas recibirán un poco más de recursos para la reconstrucción, o sea, para estar como antes.
Con esto quiero decir que ni la gestión del gobierno para mejorar su condición de vida ni la prohibición a la minería generan una solución de raíz y el problema, la minería ilegal, seguirá latente.
Si desde un inicio, el subsuelo les hubiera pertenecido a los habitantes de Zaruma estos hubieran tenido más recursos para poder defender sus casas y a sus familias de quienes violaban su propiedad privada y no solamente tener que esperar la benevolencia de los políticos, quienes hasta el momento muy poco han hecho por ellos.
Lo que se necesita es que los individuos sean dueños de lo que está bajo sus pies, porque son quienes realmente conocen y saben lo que más les conviene. Los millones de personas que vamos a votar porque en sus zonas ya no haya explotación no sabemos ni tomamos en cuenta lo que ellos quieren. Los únicos que deberían saber y poder decidir al respecto son ellos, lo que se podría lograr cambiando el derecho de propiedad sobre sus tierras.