PREGUNTA 1.- ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?
Ecuador atraviesa un momento político crítico, y el gran número de casos de corrupción es una de las causas. Las pocas investigaciones que ya han salido a la luz demuestran que la corrupción se ha convertido en una aflicción sistemática para el país. La reciente evidencia también ha develado un sistema judicial ineficiente, que no realiza las investigaciones necesarias ni impone sanciones duras a los corruptos. Dar el apoyo ciudadano a esta pregunta significa un primer paso positivo, aunque no suficiente, para la lucha contra la corrupción en Ecuador.
Por inhabilitación para participar en la vida política se refiere a que las personas condenadas por corrupción no volverán a participar en el ámbito público de ninguna manera — ni como funcionarios públicos elegidos o asignados ni como proovedores, por lo que se garantiza que no cometan actos de corrupción nuevamente.
De este modo, las personas que se encuentran involucradas en los actos de corrupción que se investigan actualmente, y los casos que están por salir a la luz, ya serán sancionadas con el retiro de sus bienes y la inhabilitación política por haberse aprovechado del poder político y de los recursos de todos los ecuatorianos.
Al apartar a los corruptos del ámbito público para siempre, el país está condenando y mostrando intolerancia absoluta hacia la corrupción. Esto es un elemento esencial para la institucionalización de prácticas honestas a futuro, y así poder moldear una cultura de intolerancia absoluta hacia la corrupción.
El hecho de rechazar la corrupción de manera determinante fortalecerá el Estado de Derecho en el país. Con esto se espera que la función judicial cumpla con su obligación de investigar y condenar todos los casos de corrupción, que se promueva mecanismos eficaces de control y fiscalización, y que todos los individuos actúen bajo la ley y sean iguales ante la ley.
Para evitar la corrupción es necesario que el costo de ser corrupto sea mayor al de ser honesto. El hecho de que la sanción sea la inhabilitación de sus funciones en el ámbito público y la pérdida de los bienes aumenta en gran medida el costo de ser corrupto.
Es responsabilidad del estado garantizar la protección a los ciudadanos, esto incluye velar por sus intereses y recursos. Al establecer esta sanción, el estado brinda protección directa asegurando a la ciudadanía de que las personas que han incurrido en actos de corrupción no volverán a cometer acciones semejantes.
Si ser corrupto tiene un costo más alto y el Estado de Derecho se fortalece, se espera que el estado mejore la realización de dos funciones fundamentales: la administración de fondos públicos y la protección de la propiedad privada.
En el ámbito jurídico internacional, esta es una medida viable para enfrentar la corrupción. Incluso, algunos países han tomado medidas más drásticas como Perú, donde se impone muerte civil a los corruptos de forma temporal.